El pasado martes 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el tercer proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Noboa. La decisión fue adoptada por unanimidad, a instancias de una moción formulada por una asambleísta, y tiene como objetivo impulsar la protección de áreas naturales y promover el desarrollo local sostenible.
Entorno y procesos del envío
Este nuevo proyecto representa la tercera iniciativa de carácter urgente con enfoque económico que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea en las primeras semanas de este mandato. Los dos anteriores abordaron temas sensibles como la lucha contra economías informales vinculadas al crimen organizado y la reforma de integridad en la contratación pública, lo que indica un impulso significativo hacia reformas estructurales.
Metas fundamentales del proyecto
Es referente a la Ley para la Rescate de Zonas Protegidas y el Fomento del Crecimiento Comunitario, la cual tiene como propósito alcanzar estos objetivos concretos:
- Protección y sostenibilidad: establecer mecanismos emergentes para reactivar, preservar y vigilar zonas protegidas frente a amenazas como minería ilegal, deforestación y actividades de grupos armados.
- Valorización de servicios ambientales: definir retornos económicos para las comunidades por su rol en conservar los ecosistemas y fomentar una economía verde mediante incentivos a actividades responsables.
- Turismo ecológico: incentivar proyectos de turismo ambiental, científico y recreativo, promoviendo inversión pública y privada, con controles para asegurar mantenimiento ambiental y generación de empleo local.
Procedimiento legislativo inmediato
El Comité de Crecimiento Económico ha sido encargado con la evaluación técnica y la elaboración del informe para la primera discusión. Se cuenta con un periodo de diez días para completar esta tarea, al cabo del cual deberán entregar sus hallazgos. Además, se ha fijado un lapso de cinco días para recoger las opiniones públicas, en conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asegurando así una etapa de participación ciudadana elcomercio.com+7canalrtu.tv+7ecuador221.com.ec+7.
Integración con otras iniciativas
Durante la misma sesión legislativa, el CAL asignó también a otra comisión un proyecto impulsado por el Defensor del Pueblo para eliminar la servidumbre de la gleba, y a la Comisión de Desarrollo Económico se le encomendó revisar una reforma a la Ley de Fomento Artesanal. Esto evidencia una agenda legislativa multidimensional con un enfoque integrado en lo económico, social y ambiental.
Posibles ventajas e impactos
El proyecto es estratégico por varias razones:
- Reestablecimiento del papel estatal: recuperar el control de regiones impactadas por economías ilícitas y fortalecer la presencia institucional.
- Desarrollo económico local: crear puestos de trabajo a través del turismo y servicios, principalmente en comunidades rurales desfavorecidas.
- Turismo responsable: promover áreas protegidas como destinos ecológicos para turistas nacionales y extranjeros, con normas ambientales y seguridad.
- Iniciativas tecnológicas y logísticas: se planea utilizar herramientas tecnológicas para la observación de territorios y el respaldo a las fuerzas de seguridad donde sea requerido.
Riesgos y debates posibles
- Privatización frente a gestión gubernamental: sectores clave expresan preocupación por la entrega de concesiones a empresas privadas en áreas estratégicas, instando a preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
- Respeto a la constitución: hay opiniones que exigen asegurarse de que el proyecto no caiga en errores como juntar temas (ambiental, penal, económico) en una única norma de urgencia, lo cual podría retrasar o anular su consideración.
Próximas etapas y retos
En los próximos días:
- La Comisión debe elaborar el informe con aportes técnicos, jurídicos y ambientales.
- Se realizarán sesiones abiertas para integrar comentarios de la ciudadanía y organizaciones.
- Tras el primer debate en Pleno, sería necesario definir una discusión más amplia, incorporando visión de ministerios, organismos ambientales y autoridades locales.
- Habrá que vigilar el cumplimiento del plazo y la metodología participativa para garantizar legitimidad.
