El Gobierno Nacional ha iniciado formalmente la desvinculación de cerca de 5.000 empleados del sector público, como una parte de la transformación institucional que busca mejorar la operatividad del Estado. Esta acción, anunciada por el presidente Daniel Noboa en su discurso nacional del último jueves, se integra en el llamado Plan de Reestructuración del Ejecutivo, que tiene como meta disminuir la dimensión del aparato estatal y optimizar su eficiencia operativa.
La decisión incluye la fusión y eliminación de ministerios y secretarías, así como la supresión de cargos considerados innecesarios. Según explicó el Gobierno, las desvinculaciones se realizaron bajo criterios técnicos que priorizaron el rendimiento institucional, descartando la aplicación de razones políticas o ideológicas.
Entre los ministerios fusionados se encuentran el de Cultura y Patrimonio con el de Educación, así como el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con Energía y Minas. La Secretaría de Pueblos también fue absorbida por otras instancias. Con esta reestructuración, el número de ministerios se redujo de 20 a 14, mientras que las secretarías se disminuyeron de nueve a tres, lo que representa una reducción del 41 % en la estructura del Ejecutivo.
Las desvinculaciones fueron ejecutadas de forma progresiva y de acuerdo con una resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó a cada entidad pública a revisar su estructura interna y emitir informes justificativos para suprimir cargos. Estas solicitudes debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que evaluó la disponibilidad presupuestaria para cubrir las liquidaciones.
El proceso excluyó de forma explícita a personal considerado esencial, como médicos, enfermeras, docentes, policías, militares y personas que forman parte de grupos vulnerables. Desde el Gobierno se recalcó que las decisiones fueron tomadas en el marco de un análisis funcional que identificó puestos que, según los informes internos, dificultaban la eficiencia institucional.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémica. Desde sectores sindicales y organizaciones sociales se cuestionó la falta de transparencia en los criterios aplicados para determinar los despidos. Voceros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresaron su preocupación por el impacto laboral y social que generará la medida, así como por el eventual debilitamiento de áreas sensibles del Estado.
Además, algunos colectivos criticaron la fusión de ministerios por considerar que puede derivar en el debilitamiento de políticas públicas específicas, como las relacionadas con pueblos indígenas, cultura y medio ambiente. En especial, la integración del Ministerio del Ambiente con el de Energía ha generado cuestionamientos por el riesgo de que intereses extractivos tengan mayor peso en decisiones ambientales.
Desde la cartera de Trabajo se informó que los procesos se ejecutaron respetando los derechos laborales de los funcionarios desvinculados y que se garantiza el pago de liquidaciones conforme a la ley. El Ministerio aseguró que se establecieron mecanismos de seguimiento para evitar arbitrariedades y garantizar que cada proceso esté debidamente justificado.
El Ejecutivo igualmente comunicó que en 2026 se pondrá en marcha un sistema nuevo de evaluación semestral para todos los empleados del sector público. Los que no cumplan con los criterios exigidos podrían ser separados, como parte de un proyecto de modernización constante del Estado. Asimismo, se considera la entrada de nuevos talentos, con un foco especial en jóvenes profesionales, en un esfuerzo por una renovación generacional dentro de la administración pública.
Esta reforma se enmarca en el objetivo del presidente Noboa de construir un Estado más ágil, menos burocrático y más enfocado en resultados. La medida también responde a compromisos de ajuste fiscal asumidos por el país ante organismos internacionales y busca aliviar las finanzas públicas, afectadas por el alto déficit presupuestario.
A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que la reorganización permitirá al país tener un sistema estatal más actualizado, económico y con mejor capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo. Los meses próximos serán fundamentales para analizar los verdaderos impactos de esta medida tanto en la gestión pública como en la economía y la sociedad de Ecuador.
