La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con representantes de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas firmes en este asunto. Actualmente, más de 60 naciones dirigen más del 10 % de su gasto público al pago de deudas, superando la inversión en educación y salud, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen opacos, lentos y controlados por entidades poco representativas.
En paralelo, la situación de la ayuda al desarrollo sigue siendo crítica. La AOD cayó un 9 % en 2024 y se prevé un nuevo descenso para este año, agravado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia afecta directamente a programas esenciales como la vacunación infantil, la protección de personas refugiadas, el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incluye medidas concretas para revertir esta situación, ni un cronograma para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
A pesar de que varios especialistas subrayan el progreso en la iniciativa de aumentar tres veces la capacidad de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo y el respaldo a proyectos fiscales globales, las entidades sociales afirman que estas acciones no son suficientes sin una reforma integral de las normas que regulan la economía mundial. Además, critican que numerosas naciones adineradas tienen un discurso contradictorio: prometen colaborar mientras reducen sus presupuestos y elevan su gasto en armamento.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que el evento en Sevilla incluyó aspectos favorables, como la aceptación de la importancia de conectar el financiamiento al desarrollo con la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, critican la carencia de medios específicos para asegurar su ejecución. También exigen que la intervención de la sociedad civil tenga un papel más decisivo en reuniones futuras, y no sea simplemente simbólica.
Con la Agenda 2030 en riesgo y una deuda mundial creciente, la comunidad internacional tuvo en Sevilla un momento para ajustar las normas del juego. No obstante, el desenlace ofreció más incógnitas que soluciones. Para los activistas, el auténtico compromiso no se evalúa a través de declaraciones diplomáticas, sino mediante decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades pasadas y aseguren el derecho al desarrollo para todos los países. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según palabras de los mismos participantes, buenas intenciones sin efecto tangible.
